eje-3.-fortalecimiento-institucional

MARCO LEGAL DEL MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

El Proyecto de Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos de la República Dominicana define con claridad los roles de cada uno de los actores del sistema: autoridad rectora y reguladora, los ayuntamientos, generadores, industriales e inversionistas; estimulan el cambio cultural y tienen presente la sostenibilidad técnica, financiera, ambiental, social e institucional; considera el impulso a la industria de los residuos (reciclaje, valorización, reúso, generación de energía, composta y co-procesamiento) y define instrumentos para garantizar su aplicación (régimen de consecuencias, infracciones y sanciones, compromiso con la reducción, clausura de botaderos y disposición final adecuada).

La Ley es considerada de alta prioridad para todos los actores involucrados y su aprobación una necesidad en el ámbito nacional y local.

También es clave para el eje Fortalecimiento institucional y sostenibilidad del Plan Dominicana Limpia.

PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS

Entre los meses de abril y agosto 2019 se instauró un proceso participativo e interinstitucional de actores de los ministerios de la Presidencia, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hacienda (DGII), con la participación de la Superintendencia de Valores y expertos del Plan Dominicana Limpia y el sector empresarial.

Se hizo evidente la necesidad de dar sostenibilidad al sistema de gestión de residuos sólidos para responder a la problemática en el territorio nacional, incluyendo los pasivos ambientales. Era preciso identificar recursos para asegurar la gestión integral de los residuos sólidos, la definición de un régimen de consecuencias y la clarificación de competencias de los diversos actores.

Desde el sector gubernamental se optó por propuestas de incentivos formuladas por el Ministerio de Hacienda, las cuales consisten en: contribución especial obligatoria de todas las personas jurídicas e incentivos a los procesos de transformación de residuos. También se propuso el necesario fortalecimiento del órgano rector, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como, de los gobiernos locales.

El sector privado mostró un alto compromiso en el proceso, impulsando un cambio de paradigma hacia la economía circular el fomento del reciclaje y la valorización de los residuos.

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